El 20 de agosto, el Senado de Chile aprobó un proyecto de ley que exige que las instituciones de educación superior respaldadas por el estado creen protocolos detallados para responder al acoso sexual. Según la ley, las universidades tendrían que adoptar una definición concreta de acoso y establecer castigos consistentes para los acosadores, o arriesgarse a perder la acreditación y la financiación del estado. El proyecto de ley pasará ahora a la Cámara de Diputados, la segunda mitad de la legislatura de Chile, donde los creadores del proyecto esperan que se convierta en ley a partir del próximo año.
El proyecto de ley fue originalmente una creación de la Red Chilena de Investigadoras (RedI), un grupo de defensa que promueve la igualdad de género en la ciencia y la investigación en Chile.
Un estudio de 2017 realizado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile encontró que al menos el 39% de los estudiantes y el 41% de los académicos informaron haber encontrado atención no solicitada de naturaleza sexual.
Las leyes del país protegen a los empleados de las universidades y otros institutos de investigación contra el acoso sexual, pero los estudiantes, los académicos posdoctorales y algunos otros se quedan atrás, dice la presidenta de RedI, Adriana Bastías, bioquímica de la Universidad Autónoma de Chile en Providencia. No pueden llevar sus casos a los tribunales laborales y pocas instituciones tienen procedimientos sólidos para tratar el acoso sexual internamente.
A noviembre de 2017, solo alrededor del 12% de las universidades acreditadas por el estado de Chile tenían protocolos para lidiar con el acoso sexual hacia estudiantes y posdoctorados, según un estudio realizado por el Centro de Investigación sobre Políticas y Prácticas Educativas, con sede aquí.
Desde entonces, muchas más universidades han comenzado a tomar medidas para abordar el acoso sexual en el campus, pero sus planes han sido «inconsistentes y han demostrado ser ineficaces para disuadir ese comportamiento», dice Leonardo Castillo Cárdenas, autor principal del nuevo proyecto de ley.
Inspirado en parte por la decisión de la National Science Foundation de hacer que los premios financieros dependan de las políticas contra el acoso, Castillo Cárdenas, abogado e investigador de ciencias jurídicas de la Universidad La Frontera de Chile en Temuco, quería crear un proyecto de ley con dientes. «No se puede hacer mucho sin dinero», dice. «Entonces, si atacamos eso específicamente, lograremos los cambios culturales que necesitamos».
La nueva propuesta establece los pasos específicos necesarios para que las instituciones de educación superior conserven su acreditación y financiamiento estatal, incluyendo proteger las identidades de las víctimas, ayudarlas a evitar el contacto directo con los acosadores y proporcionar los recursos legales y psicológicos apropiados. La ley propuesta se redactó teniendo en cuenta las universidades e instituciones de investigación, pero se extendería a otras formas de educación superior con apoyo estatal, incluidos institutos profesionales y programas de capacitación para la fuerza policial de Chile.
Los defensores del proyecto de ley han sido alentados por otros pasos recientes para combatir el acoso sexual en Chile, incluida una ley que penaliza el acoso callejero, que se aprobó a principios de este año. Tienen la esperanza de que la propuesta sea bien recibida en la Cámara de Diputados.
«Estoy muy seguro de que va a tener éxito», dice la senadora chilena Ximena Órdenes, uno de los cinco patrocinadores que presentó el proyecto de ley por primera vez en mayo de 2018. «Es necesario para el futuro de la sociedad que queremos crear».
